Cierta claridad en un caso difícil

11 de julio de 2011 Vladímir Ruvinski
Según ha constatado el consejo presidencial para los derechos humanos, el abogado del fondo de inversiones Hermitage Capital murió como consecuencia de las actuaciones de los jueces de instrucción, los médicos de la prisión, los fiscales y los jueces.
Kirill Kabánov, el presidente del Comité Nacional Anticorrupción. Foto de PhotoXpress
Kirill Kabánov, el presidente del Comité Nacional Anticorrupción. Foto de PhotoXpress

Las opiniones sostenidas durante el último año y medio por los defensores de los derechos humanos sobre el caso de Serguéi Magnitski, se han visto confirmadas al más alto nivel. El pasado 5 de julio, la comisión presidencial para los derechos humanos presentó a Dmitri Medvédev los resultados de la investigación sobre las circunstancias que habían conducido a la muerte del jurista del fondo de inversiones Hermitage Capital. Las conclusiones de la comisión se basan en tres investigaciones diferentes.

Tres informes


El primer informe está dedicado a las circunstancias de la muerte del jurista y confirma los datos recogidos anteriormente. El documento expone las pésimas condiciones en las que se mantuvo al enfermo abogado de 37 años, la negación de ayuda médica durante la estancia en prisión, y aclara que recibió una paliza poco antes de su muerte. Los defensores de los derechos humanos afirman que entre los responsables de la muerte del jurista se encuentran, en particular, Oleg Sílchenko, juez de instrucción del Ministerio del Interior, sin cuya aprobación los médicos de la prisión no podían actuar y Alexánder Gauss, médico de la prisión.

El segundo informe trata sobre las numerosas infracciones cometidas por los jueces que tomaron la decisión de encarcelar a Magnitski. Las quejas del abogado respecto a las condiciones de su detención fueron rechazadas y no fueron estudiadas, afirman los defensores de los derechos humanos, mientras que los argumentos de la instrucción del sumario que pedía el encarcelamiento no fueron debidamente comprobados. Además, según la comisión, en la instrucción del caso existía un conflicto de intereses ya que los mismos jueces que Magnitski había denunciado por corrupción anteriormente eran los que le estaban juzgando.

El tercer informe es el más explosivo, en la medida en la que trata sobre el trasfondo de las acusaciones contra Magnitski. Se acusaba al abogado de haber organizado el robo de 230 millones de dólares del presupuesto estatal, mientras que él culpaba de lo mismo a sus perseguidores. Según el Comité Nacional Anticorrupción (CNA), no es posible que Magnitski hubiera organizado dicho robo. Las empresas pertenecientes al fondo de inversiones Hermitage Capital, a través de las cuales fue sustraído el dinero, fueron prácticamente usurpadas y registradas de nuevo, es decir, pasaron a tener otros propietarios. La OPA hostil de estas empresas se realizó utilizando los documentos confiscados al propio fondo de inversiones. Estas “aportaciones” las realizó el teniente coronel de la policía Artiom Kuznetsov y fueron aprobadas por el mayor Pável Kárpov. Posteriormente, ambos instruyeron el caso contra Magnitski. El CNA indica que varios funcionarios involucrados en la persecución penal contra Magnitski “ofrecieron resistencia y realizaron actos de sabotaje a la investigación durante la instrucción del sumario”.

Nuevos personajes


La comisión presidencial afirma que su investigación no ha acabado. Según el director del CNA Kirill Kabanov, podrían aparecer nuevos implicados en el caso Magnitski. En su opinión, en los documentos faltan los apellidos de funcionarios de seis instituciones estatales que podrían estar relacionadas con la muerte del jurista, así como con el robo de los 230 millones de dólares. Se trata de funcionarios del Ministerio del Interior, del Servicio Federal de Seguridad, del Ministerio de Hacienda, del Tesoro Público y del Ministerio de Finanzas. “Haremos todo lo posible para que los culpables sean castigados, aunque se trate de altos cargos del Servicio Federal de Seguridad, de jueces de instrucción y de sus jefes”, declaró Kabanov señalando que no se trata ni siquiera de un “nivel de jefes de departamento, sino de un nivel muy superior”. De momento, según Kabanov, “la instrucción no es capaz de llegar ni siquiera hasta los coroneles ni los tenientes coroneles”.

Medvédev prometió pasar las conclusiones de la comisión al Comité de Instrucción de Rusia, que está investigando el caso. En vísperas de la publicación del informe de los defensores de derechos humanos, las fuerzas del orden público declararon de forma inesperada que habían determinado la culpabilidad de los médicos de la prisión por denegación de auxilio al abogado. “La instrucción tiene intención de proceder contra las personas que hayan cometido dichas infracciones”, declaró el representante del Comité de Instrucción Vladímir Markin. Hasta entonces la instrucción había afirmado en varias ocasiones que no había detectado ninguna responsabilidad por parte de los médicos. Kabanov relaciona este cambio de argumentación con el hecho de que el asunto ha pasado a estar bajo control del presidente.

La reacción de la sociedad


Los analistas que siguen el caso afirman cautelosamente que “la cosa está empezando a moverse”. Las principales cadenas de televisión emitieron noticias sobre las conclusiones de la comisión, si bien anteriormente habían intentado silenciar el caso. “El hecho de que sea examinado a un nivel tan alto, hace probable que alguien tenga que asumir responsabilidades por lo ocurrido, pero me temo que no todos los culpables serán castigados”, declaró a Kommersant Yevgueni Arjípov, presidente de la Asociación de Abogados de Rusia por los derechos humanos. Yana Yákovleva, presidenta de la asociación sin ánimo de lucro Solidaridad en los Negocios, considera que los miembros del consejo presidencial y los representantes de las fuerzas del orden público hablan de cosas diferentes. “Para el Consejo, lo principal es explicar por qué Magnitski acabó siendo encarcelado. Por su parte, las fuerzas del orden público pretenden reducirlo a la muerte de Magnitski en sí. Si se logra responder a la pregunta principal de por qué el abogado se encontraba allí, existe la esperanza de que sean castigados todos los responsables”.

De momento nadie ha respondido por la muerte de Magnitski


Kabanov, que lleva a cabo la investigación en estrecha colaboración con los jueces de instrucción, considera que los reproches dirigidos a la instrucción son “infundados” y “prematuros”. Según él, la instrucción va “por buen camino” y “no está interesada en echar toda la culpa sólo a los médicos”. Sin embargo, las conclusiones de la comisión fueron desmentidas por el Ministerio del Interior. “Los jueces de instrucción tomaron decisiones legales y bien fundadas [respecto a Magnitski]», comunicó a Interfax la portavoz del ministerio Tatiana Guerásimova. Kabanov calificó esta declaración de “poco sincera, por decirlo eufemísticamente”. “En el Ministerio del Interior todo el mundo sabe todo: quién ha cogido dinero, cuánto, cómo y dónde. ¿Qué sentido tiene fingir?”.

Reacción internacional


El presidente Medvédev encargó investigar las circunstancias de la muerte de Magnitski en noviembre de 2009, tras una ola de indignación internacional. Los parlamentos de Estados Unidos y de los países de la UE están debatiendo la posibilidad de prohibir la entrada en su territorio a los funcionarios rusos presuntamente culpables de la muerte del jurista. En diciembre de 2010, el Parlamento Europeo recomendó a los gobiernos de la Unión introducir sanciones contra una serie de funcionarios rusos, en caso de que la instrucción del caso no presentara avances significativos.

Las conclusiones de la comisión presidencial fueron recibidas con interés en la Unión Europea. “Observamos este informe con gran interés. Vamos a ver qué ocurre después”, declaró a Interfax Fernando Valenzuela, embajador de la Unión Europea en Moscú.

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