El presidente ucraniano, Piotr Poroshenko, expuso hoy las condiciones inapelables para la entrada en vigor de un proyecto de ley sobre un estatus especial para las surorientales regiones de Donetsk y Lugansk.
Pese a lo estipulado en el paquete de acuerdos pactado en Minsk, el 12 de febrero pasado, Poroshenko insistió en que los grupos de autodefensa de la población sublevada en el sureste deben desarmarse.
Además, el mandatario ucraniano, quien dirige un gobierno llegado al poder en febrero de 2014, tras una ruptura constitucional, exige la salida de tropas rusas de la región hullera del Donbass, un argumento que Moscú denuncia como una falacia de Kiev.
Medios de prensa locales consideran que Poroshenko intenta retomar el tema de la participación rusa en el conflicto, mientas evita hablar de una guerra fratricida entre ucranianos que para nada está relacionada con una acción antiterrorista, como se le conoce en Kiev.
Poroshenko también habla de recuperar el control sobre todo el perímetro de la frontera con Rusia, donde intentan construir una delimitación con ayuda de cercas, alambrados y fortificaciones, con un costo millonario en una nación al borde de la bancarrota.
El jefe de Estado, cuya legitimidad puso en duda Rusia, después de elecciones maniatadas y sin participación del sureste ucraniano en junio de 2014, exigió comicios locales democráticos, transparentes y honestos en Donetsk y Lugansk.
Cerca de seis mil 500 personas murieron y más de 15 mil resultaron heridas, en su mayoría civiles, desde el inicio en abril de 2014 de una operación de castigo contra la población sublevada en el sureste ucraniano, donde el ejército empleo la aviación y armas prohibidas.
Sin embargo, al intentar justificar ese paso ante algunos partidos en la Rada Suprema (parlamento unicameral), Poroshenko afirmó que con los recursos de la venta del carbón, el Donbass debía reconstruir "lo que ellos mismos destruyeron".
Unos dos millones 200 mil ucranianos debieron abandonar sus hogares, a causa del conflicto, iniciado después que el gobierno de Poroshenko decidió eliminar por la fuerza a quienes reclaman el ruso como segundo idioma oficial, más autonomía y un freno al auge del neofascismo.
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Publicado originalmente en Prensa Latina
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